El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta va a solicitar que se estudie el impacto en nuestra provincia del informe hecho público hoy por el Tribunal de Cuentas, que ha alertado que 27. how long does ivermectin stay in your system 960 personas fallecidas han seguido “cobrando” prestaciones de la Seguridad Social el pasado mes de diciembre. toxic dose of ivermectin in humans El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha denunciado la existencia de una grave falta de control administrativo en el cruce de datos de la Dirección General de los Registradores y del Notariado, la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística sobre el registro de las personas fallecidas, que ha provocado un menoscabo de 25,3 millones de euros desde octubre de 2014.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado su apoyo al Tribunal de Cuentas y ha anunciado una serie de medidas “para colaborar contra este fraude”, como solicitar los datos relativos a esta denuncia en la provincia de Cádiz, la convocatoria de las comisiones de la Seguridad Social –de la que forman parte estos profesionales- y una iniciativa ante el Defensor del Pueblo para que se exijan medidas de control para que familiares de personas fallecidas no se aprovechen, indebidamente, de la falta de control de los organismos que deben tutelar el pago de prestaciones, “especialmente a los 1.200.000 pensionistas mayores de 85 años”. how long for oral ivermectin to work
El representante de los graduados sociales se muestra dispuesto a colaborar para “garantizar el correcto destino de las pensiones, como durante años hacíamos como profesionales habilitados de clases pasivas, una figura que se extinguió pasando los bancos a gestionar directamente el pago a los pensionistas sin las necesarias medidas de control, documentos de fe de vida o cruces de datos efectivos entre los distintos organismos públicos y la Seguridad Social”.
José Blas Fernández aboga por mejorar los controles de informatización de las personas fallecidas para que no se repitan situaciones de este tipo, “precisamente en un momento en el que tenemos que blindar las pensiones, no permitir que familiares sigan cobrándolas con posterioridad al deceso, exigiendo a los bancos que asuman el coste de las devoluciones prescritas”.
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