Su presidente denuncia que la escasez de personal, las deficiencias informáticas y la falta de medios materiales están agravando el colapso de los órganos judiciales y perjudicando gravemente a ciudadanos y profesionales
La corporación lamenta que la reunión mantenida con la nueva delegada territorial de la Junta de Andalucía no haya permitido conocer medidas concretas ni compromisos para afrontar una situación “insostenible»
Cádiz, 15 de octubre de 2026.- El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su profunda decepción y preocupación tras la reunión mantenida con la nueva delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, María Jesús Herencia Montaño, en la que han participado representantes de los principales operadores jurídicos de la provincia, entre ellos los colegios profesionales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales.
El presidente de la corporación, José Blas Fernández Sánchez, ha lamentado que el encuentro, al que los profesionales acudían con la expectativa de conocer soluciones a los graves problemas que arrastra la Administración de Justicia, haya concluido sin compromisos concretos ni un horizonte claro de mejora. «La situación de la Justicia en la provincia de Cádiz es extremadamente preocupante. Los juzgados funcionan con enormes dificultades, los profesionales trabajamos en condiciones cada vez más complicadas y los ciudadanos sufren las consecuencias de un sistema que no está ofreciendo la respuesta que necesitan. Lo más decepcionante es que seguimos sin conocer un plan efectivo para revertir esta situación», ha señalado Fernández.
El presidente de los graduados sociales gaditanos considera que los problemas que afectan a la Justicia han dejado de ser incidencias puntuales para convertirse en deficiencias estructurales que comprometen el funcionamiento ordinario de numerosos órganos judiciales.
Uno de los principales motivos de preocupación trasladados durante el encuentro ha sido la insuficiencia de las plantillas y la falta de cobertura efectiva de las bajas laborales y vacantes en los juzgados. Según ha denunciado el Colegio, pese a la existencia de bolsas de trabajo, las sustituciones no se están produciendo con la agilidad necesaria, lo que incrementa la sobrecarga de los funcionarios que permanecen en sus puestos y genera un círculo de acumulación de tareas, retrasos y nuevas situaciones de incapacidad temporal.
A ello se suman las dificultades para contactar telefónicamente con los órganos judiciales, la insuficiencia de medios materiales, las continuas alteraciones de los señalamientos y las suspensiones de vistas, que provocan importantes perjuicios a los profesionales y, especialmente, a los ciudadanos que esperan una resolución judicial.
Esta situación resulta particularmente grave en la jurisdicción social, en la que intervienen habitualmente los graduados sociales y donde se dirimen cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, prestaciones de la Seguridad Social, incapacidades y otros conflictos que afectan directamente a los derechos laborales y a la estabilidad económica de trabajadores y empresas.
«Detrás de cada procedimiento hay personas que esperan una respuesta. Hay trabajadores pendientes de cobrar cantidades que se les adeudan, empresas que necesitan resolver conflictos laborales y ciudadanos que no pueden permanecer indefinidamente a la espera de una decisión judicial. La Justicia tardía tiene consecuencias personales, sociales y económicas que no podemos normalizar», ha advertido José Blas Fernández.
El Colegio también ha trasladado su preocupación por las deficiencias que acompañan a la implantación de las nuevas herramientas tecnológicas de gestión procesal y a la sustitución de los sistemas informáticos anteriores. Lejos de facilitar el trabajo diario, los fallos de funcionamiento, las dificultades de adaptación y la falta de coordinación entre los distintos servicios están provocando, según los profesionales, nuevas incidencias que se añaden a los problemas de personal y organización ya existentes.
A estas circunstancias se suma la complejidad del proceso de adaptación a las reformas legislativas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que exige una reorganización de estructuras, procedimientos y formas de trabajo sin que, a juicio de la corporación, se hayan garantizado previamente todos los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios.
Fernández Sánchez ha insistido en que la modernización de la Justicia no puede limitarse a aprobar reformas normativas o implantar nuevas aplicaciones informáticas. «No se puede exigir una Justicia más rápida y eficiente si quienes tienen que hacerla funcionar carecen de los medios necesarios. La modernización debe traducirse en mejoras reales para los ciudadanos y para los profesionales, no en nuevas dificultades añadidas a las que ya soportamos», ha manifestado.
El presidente del Colegio ha puesto especial énfasis en las consecuencias que esta situación está teniendo sobre los funcionarios judiciales y sobre el conjunto de profesionales que intervienen diariamente en la Administración de Justicia. La acumulación de expedientes, la incertidumbre sobre los señalamientos, los problemas de comunicación y las incidencias tecnológicas están generando un clima de frustración, agotamiento y creciente tensión laboral. «Estamos llegando a unos niveles de desgaste profesional absolutamente preocupantes. No es razonable que quienes trabajamos diariamente para garantizar los derechos de los ciudadanos tengamos que desenvolvernos en unas condiciones que generan tanta impotencia y tensión. La situación está afectando también al bienestar y a la salud emocional de los profesionales», ha subrayado Fernández.
Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la situación del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, una infraestructura largamente reivindicada por los operadores jurídicos de la provincia.
El Colegio lamenta que las explicaciones ofrecidas durante el encuentro no hayan permitido despejar las incertidumbres sobre su ejecución, después de los problemas surgidos en el procedimiento de licitación y las dificultades de financiación trasladadas a los asistentes. Para los graduados sociales, la ausencia de avances en esta infraestructura constituye un ejemplo de la falta de planificación y de continuidad que, a su juicio, ha caracterizado durante años la respuesta de las administraciones a las necesidades de la Justicia gaditana.
«No podemos seguir acumulando anuncios, proyectos y compromisos que no terminan de materializarse. Cádiz necesita instalaciones judiciales dignas, funcionales y adecuadas a las necesidades actuales. Y necesita, sobre todo, que las administraciones asuman sus responsabilidades y ofrezcan certezas», ha reclamado el presidente.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta considera imprescindible que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia, cada uno en el ámbito de sus competencias, afronten de manera coordinada las deficiencias que afectan a la Administración de Justicia, con la participación de los órganos de gobierno judicial y de los profesionales que conocen directamente su funcionamiento.
Asimismo, recuerda la importancia de impulsar instrumentos como la mediación intrajudicial y otros mecanismos adecuados de solución de controversias, que pueden contribuir a reducir la litigiosidad y agilizar la resolución de conflictos, siempre que cuenten con los recursos y el respaldo institucional necesarios.
«Valoramos la disposición al diálogo, pero la gravedad de la situación exige mucho más que buenas palabras. Los operadores jurídicos llevamos demasiado tiempo advirtiendo de estas carencias y necesitamos medidas, compromisos y plazos. No podemos resignarnos a que el deterioro de la Justicia se convierta en algo permanente», ha afirmado.
El presidente ha concluido recordando que «la Justicia es un servicio público esencial y su deterioro afecta directamente a los derechos de los ciudadanos. No estamos reclamando privilegios para los profesionales, sino medios suficientes para que la Justicia funcione con la dignidad, la eficacia y las garantías que merece la sociedad gaditana».