El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha vuelto a poner el foco sobre el absentismo laboral y su creciente impacto en el tejido productivo de la provincia, una preocupación que la corporación ya venía advirtiendo en anteriores análisis sobre la incapacidad temporal y, de forma especial, sobre el peso creciente de las bajas vinculadas a procesos de salud mental y de larga duración.
La institución que preside José Blas Fernández Sánchez considera que el absentismo ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural de primer orden, con consecuencias directas sobre la productividad, la organización de las plantillas, la contratación y la propia viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Los datos más recientes confirman esa tendencia. En el conjunto de España, el absentismo laboral se sitúa en torno al 7% de la población ocupada, con más de 1,5 millones de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo, y con niveles un 68% superiores a la media europea. El impacto económico alcanza ya en torno a 0,7 puntos del PIB.
En el ámbito territorial, Andalucía registra una tasa del 6,6%, con más de 240.000 personas fuera de su puesto de trabajo, una realidad que tiene reflejo directo en la provincia de Cádiz. El coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes en Cádiz superó los 565 millones de euros, con un fuerte impacto tanto en las empresas como en el sistema público de prestaciones.
Para contextualizar estos datos, el Colegio recuerda que buena parte de los informes sobre absentismo laboral proceden de entidades como AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), organización que agrupa a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y que gestiona millones de procesos de incapacidad temporal en España. Estas entidades actúan como colaboradoras del sistema público en la gestión de prestaciones, especialmente en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y aportan una visión técnica basada en datos reales sobre duración de bajas, incidencia y coste económico.
Los datos refuerzan la línea que el Colegio ya venía señalando en un anterior análisis sobre la provincia, donde se constataba una elevada incidencia de las bajas laborales —con 36,44 procesos por cada 100 trabajadores— y un incremento significativo en su duración, especialmente en los casos relacionados con la salud mental, que en muchos casos alcanzan periodos cercanos al año.
José Blas Fernández Sánchez señala que “el derecho a la baja médica es incuestionable, pero también lo es la necesidad de proteger la sostenibilidad del sistema y la supervivencia de miles de pequeñas empresas que no pueden soportar durante meses la ausencia prolongada de trabajadores sin una respuesta ágil, coordinada y proporcionada”.
El presidente del Colegio subraya que en una provincia como Cádiz, donde el peso de la pyme, la micropyme y los pequeños empleadores es determinante, este fenómeno tiene un efecto especialmente severo. “Cuando una empresa pequeña pierde temporalmente a uno de sus trabajadores, el impacto es inmediato y, en muchos casos, compromete la actividad diaria”.
El Colegio entiende que parte del aumento de las bajas responde a factores objetivos como el envejecimiento de la población activa, el incremento de enfermedades crónicas, el auge de los trastornos de salud mental y las demoras en diagnósticos o intervenciones. Sin embargo, considera imprescindible mejorar los mecanismos de control, seguimiento y coordinación entre los servicios públicos de salud, la Seguridad Social, la inspección médica y las mutuas colaboradoras.
Ante esta situación, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclama una actuación más decidida y coordinada por parte de las administraciones. Entre otras medidas, plantea reforzar la inspección médica, agilizar pruebas diagnósticas, revisar los procesos de larga duración, potenciar el papel de las mutuas y abordar el absentismo también desde la negociación colectiva.
Fernández Sánchez concluye que “no se trata de cuestionar derechos, sino de garantizar que el sistema funcione de forma equilibrada, evitando abusos y protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que sostienen el empleo”.
El Colegio reitera su disposición a colaborar con administraciones, agentes sociales y el ámbito sanitario para impulsar soluciones eficaces ante uno de los principales desafíos actuales del mercado laboral.