El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mostrado su profunda preocupación y malestar ante la situación generada tras la reciente publicación en el BOE que obliga a miles de empresas a rehacer las nóminas correspondientes al primer trimestre del año, una circunstancia que está provocando un impacto directo en la operativa diaria de empresas y despachos profesionales.
La corporación colegial se alinea así con el posicionamiento ya expresado por el Consejo General de Graduados Sociales, que ha reclamado una regularización de oficio de las cotizaciones afectadas, evitando trasladar nuevamente a empresas y profesionales una carga administrativa que no les es imputable.
Desde el Colegio se advierte de que esta medida, derivada de la publicación tardía de la normativa correspondiente, genera un escenario de inseguridad jurídica y sobrecarga administrativa, especialmente en territorios como Cádiz y Ceuta, donde el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas con recursos limitados y alta dependencia del asesoramiento externo.
En este contexto, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha señalado que “estamos ante una situación absolutamente evitable que vuelve a trasladar a las empresas y a los despachos profesionales las consecuencias de una falta de previsión normativa. No es razonable exigir la revisión de miles de nóminas con carácter retroactivo, con el coste económico y organizativo que ello supone, especialmente para nuestras pymes”.
Fernández Sánchez ha subrayado que esta circunstancia afecta de manera directa no solo a las empresas, sino también a los trabajadores y a los propios profesionales del ámbito jurídico-laboral, que deben asumir en un corto espacio de tiempo una carga de trabajo extraordinaria: “Los graduados sociales estamos haciendo un esfuerzo ingente para dar respuesta a esta situación, pero no podemos normalizar que decisiones de esta naturaleza se adopten sin tener en cuenta la realidad operativa de empresas y asesorías. Esto genera incertidumbre, errores potenciales y un desgaste innecesario del sistema”.
El Colegio insiste en que el impacto en provincias como Cádiz es especialmente significativo, dada la estructura empresarial predominante, caracterizada por micropymes y sectores con elevada estacionalidad, como el turismo, el comercio o la hostelería, donde la gestión administrativa ya presenta una alta complejidad.
Por ello, desde la institución se reclama al Gobierno la adopción inmediata de medidas que permitan regularizar de oficio las cotizaciones afectadas, evitando la necesidad de rehacer nóminas ya abonadas y minimizando así el perjuicio económico y organizativo para empresas y profesionales.
Asimismo, el Colegio reitera la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más previsible, estable y coordinado, que evite este tipo de disfunciones y garantice la seguridad jurídica en las relaciones laborales.
Finalmente, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta pone en valor el papel esencial de estos profesionales como garantes del correcto funcionamiento del sistema laboral y de protección social, especialmente en contextos de incertidumbre como el actual, en el que su labor resulta clave para asegurar el cumplimiento normativo y la defensa de empresas y trabajadores.