Tribuna Libre
Por José Blas Fernández Sánchez
Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta
Presidente de Honor del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España
El reciente anuncio del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la convocatoria de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados ha sido recibido con esperanza por buena parte de los operadores jurídicos. Es una noticia positiva. Es necesaria. Y, sin duda, va en la dirección correcta.
Ahora bien, como acertadamente se ha señalado en distintos foros jurídicos y medios especializados, la Justicia no hace milagros solo con cifras. Incrementar el número de plazas es condición necesaria, pero no suficiente. En provincias como Cádiz, donde los retrasos estructurales en determinados órganos judiciales son una realidad cotidiana, el problema es más profundo.
Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta apoyamos la ampliación de la planta judicial. Un Estado de Derecho no puede sostenerse sin jueces suficientes. Pero necesitamos algo más que número: necesitamos especialización, medios materiales adecuados y una verdadera planificación territorial.
En el ámbito de la jurisdicción social —donde los graduados sociales intervenimos de forma habitual representando a trabajadores y empresas— la especialización es clave. No basta con cubrir vacantes; es imprescindible que los jueces que se incorporen a órganos con competencias específicas estén formados y orientados hacia esa materia.
La complejidad actual del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social exige jueces especialistas. Procedimientos sobre despidos, incapacidades permanentes o reclamaciones salariales no pueden resolverse con criterios genéricos ni con falta de experiencia en la materia. Cuando hablamos de prestaciones, de pensiones o de pérdida de empleo, hablamos de derechos fundamentales para la vida de las personas.
En la provincia de Cádiz estamos viendo señalamientos de juicios por despido que se fijan a más de un año vista. Procedimientos de incapacidad que pueden tardar tres o cuatro años en resolverse… Esta realidad no es compatible con una tutela judicial efectiva.
Siempre lo hemos dicho con claridad: la justicia lenta no es justicia. Cuando una persona debe esperar años para saber si tiene derecho a una prestación o si su despido fue improcedente, el sistema está fallando. Y cuando la ciudadanía percibe que litigar no compensa por los plazos interminables, se debilita la confianza en el propio Estado de Derecho.
El refuerzo de la carrera judicial debe ir acompañado de medios materiales y humanos adecuados. No tiene sentido incorporar nuevos jueces si no se dotan juzgados dignos, con instalaciones apropiadas y recursos tecnológicos suficientes.
En Cádiz hemos vivido situaciones que no deberían producirse en pleno siglo XXI: sedes provisionales, espacios inadecuados, carencias estructurales que dificultan el trabajo diario de jueces, funcionarios y profesionales. La modernización de la Justicia exige coordinación con las comunidades autónomas competentes y una inversión sostenida en infraestructuras.
Muchas asociaciones profesionales han mostrado su respaldo a la ampliación de plazas judiciales. Desde el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta también lo hacemos. Pero lo hacemos con una reivindicación clara: especialización, planificación y medios.
Queremos más jueces, sí. Pero queremos jueces preparados en cada jurisdicción, con destinos dignos y con capacidad real para reducir los tiempos de respuesta. Queremos una Justicia ágil, moderna y eficaz.
Porque cuando una invalidez se resuelve en cuatro años o un despido en año y medio, no estamos ante un problema técnico; estamos ante un problema social.
La provincia de Cádiz necesita una Justicia que responda a su realidad económica y laboral. No pedimos privilegios. Pedimos lo que la Constitución garantiza: tutela judicial efectiva, en tiempo razonable y con calidad.
Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una asignatura pendiente.