LO QUE NECESITA LA JUSTICIA: INVERSIONES Y APOYOS
Con la publicación del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE 29-04-2020), se ha vuelto a poner en entredicho la situación de la Justicia en España y de las carencias que arrastramos desde hace años.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha querido poner soluciones parciales, pero la respuesta desde varios frentes de los operadores jurídicos no ha gustado y, desde luego, siguen sin gustar a quienes tenemos que llevar a cabo parte de la gran carga que supone enderezar todo este entramado.
Los Graduados Sociales, como tales operadores jurídicos reconocidos e incluidos junto a abogados y procuradores en la LOPJ y otras leyes procesales, hemos sugerido, para abortar cuanto se nos avecina con el COVID-19, medidas de agilización de los procesos laborales y de la Seguridad Social; es en la Jurisdicción Social donde tenemos mayor capacidad de obrar, al igual que en la Mercantil.
Entendemos que no se nos ha tenido en cuenta como era nuestro deseo. فريق بايرن ميونخ من اي دولة Hemos pedido nuestra asistencia gratuita como profesionales del derecho, ya que estamos ante una situación ya recogida en la LEC. Pero encontramos “palos en la rueda” para que esto no se desarrolle, algo que no se entiende cuando los recursos de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, es materia exclusiva de Graduados sociales y abogados. Como es sabido, en la primera instancia no es preceptiva la intervención de ningún profesional del Derecho, pero sin embargo este turno de oficio está limitado a abogados en ambas instancias, algo que no se comprende y que estamos esperando su puesta en marcha.
Hemos entendido que se deberían crear Juzgados de lo Social especializados en ejecuciones; es decir, que estos órganos sólo llevasen a cabo las ejecuciones de sentencias y resoluciones de otros juzgados, y no lo que hacen ahora, un largo y arduo trabajo que entorpece mucho el desenvolvimiento de un juzgado. Esta solución agilizaría todos los procesos de manera importante, como ya ocurre en algunas ciudades de España. سعر اشتراك يورو 2024
De igual modo, hemos creído interesante establecer un plan de jubilación activa para aquellos magistrados que no deseen jubilarse, que sigan ejerciendo y percibiendo las prestaciones de jubilación y sus sueldos, al igual que existe en la Seguridad Social con aquellos autónomos y trabajadores que quieran seguir trabajando y compatibilizar la pensión de jubilación. Esta jubilación activa mantendría a personas con gran experiencia y bagaje al frente de juzgados. Las resoluciones serían ágiles y rápidas, pues hay jurisdicciones especializadas, como la del Orden Social, en manos de muchos titulares que no lo son expertos. Por no hablar de sustitutos, que son muchas veces fuente de recursos permanentes.
Por último, cuando observamos una controvertida situación por crear unos días hábiles de agosto, a los graduados sociales no nos sorprende nada, ya que en el Orden Social el artículo 43.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de Octubre, BOE del 11 de octubre de 2011), declara inhábiles los días de agosto a excepción de los siguientes procesos que serán hábiles: despidos, extinción de contratos de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, impugnación de altas medidas, vacaciones, materia electoral, derechos de la conciliación de la vida familiar, etc.
Es decir que ya venimos, desde hace años, acudiendo a juicios en el mes de agosto y presentando demandas, por lo que no entendemos esta alarma de algo que, al menos en varias jurisdicciones existe y no es nuevo. Ahora bien, creemos que se deben señalar, en vez de todo el mes de agosto, solo entre los días 1 y 11 de dicho mes, para así tener días de vacaciones. Los plazos de recursos -incluidos los de suplicación sobre estas materias citadas- siguen su cauce y, pese a ser agosto, hay que tramitarlos y confeccionarlos dentro de esos días. Es decir, que entendemos que el justiciable, tras dos meses largos sin actividad, se merece el apoyo y trabajo de quienes queremos tener una Justicia Social de calidad.
Por último, entendemos los graduados sociales que la Justicia necesita de grandes inversiones para tener sedes judiciales dignas, Ciudades de la Justicia adecuadas e instalaciones excelentes por tratarse de servicios públicos. Si queremos hospitales de calidad, también queremos y debemos exigir juzgados de calidad. No como, lamentablemente, existen algunos que son irrespirables. En definitiva, eso es también competencia de las Comunidades Autónomas. En Andalucía estamos con sedes tercermundistas y aún en muchas Ciudades de la Justicia no existen más que en papeles, prometidas desde hace 14 años, como ocurre en Cadiz. بطوله اليورو 2024
José Blas Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales
