El Colegio Oficial solicita que el plan de choque anunciado por el Poder Judicial incluya un magistrado de refuerzo para Cádiz capital y otro para Jerez de la Frontera, con experiencia acreditada en Derecho Laboral y Seguridad Social
Dos plazas de lo Social de Jerez figuran entre las más saturadas de España, con 2.733 y 2.698 asuntos pendientes, mientras en Cádiz se están fijando señalamientos judiciales para 2029 y 2030
Cádiz, 28 de octubre de 2026.- El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contemple la incorporación de, al menos, dos magistrados de refuerzo, uno para Cádiz capital y otro para Jerez de la Frontera, dentro del plan de choque anunciado para afrontar la grave acumulación de procedimientos y los retrasos que afectan a la jurisdicción social en España.
La petición se produce después de que la Comisión Permanente del CGPJ haya acordado iniciar los trámites para desarrollar un programa extraordinario de apoyo en las 50 plazas judiciales del orden social con mayor acumulación de asuntos pendientes, solicitando a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia que formulen propuestas de refuerzo en un plazo de quince días.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha valorado positivamente esta iniciativa, aunque ha advertido de que su eficacia dependerá de la adecuada distribución territorial de los recursos, de su dotación material y, especialmente, de la experiencia y especialización de los jueces y magistrados destinados a estas funciones.
«Nos parece una iniciativa necesaria, que llevamos años reclamando, pero queremos que Cádiz y Jerez sean tenidas en cuenta de manera expresa. Ambas ciudades soportan una situación de saturación absolutamente insostenible, con miles de procedimientos pendientes y ciudadanos que tienen que esperar años para ver resueltos sus conflictos laborales», ha señalado Fernández Sánchez.
Los propios datos que acompañan la iniciativa del CGPJ ponen de manifiesto la gravedad de la situación en Jerez de la Frontera. Las plazas números 2 y 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia jerezano acumulan 2.733 y 2.698 asuntos pendientes, respectivamente, según los registros correspondientes al 30 de junio de 2026.
Ambas figuran en tercera y cuarta posición, respectivamente, entre las 40 plazas judiciales que tramitan ejecuciones incluidas en la relación examinada por el órgano de gobierno de los jueces.
Para el Colegio, estos datos constituyen una evidencia objetiva de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en esta demarcación judicial, incluso después de que el Gobierno aprobara el pasado mes de julio la creación de una cuarta plaza de lo Social en Jerez, una decisión valorada favorablemente por los graduados sociales, pero insuficiente por sí sola para resolver la acumulación histórica de procedimientos.
En el caso de Cádiz capital, la corporación recuerda que viene solicitando desde hace años la creación de un quinto órgano de lo Social, debido a los retrasos generalizados y a los señalamientos que, según las denuncias trasladadas por los profesionales, alcanzan ya los años 2029 y 2030.
José Blas Fernández ha insistido en que los refuerzos judiciales deben encomendarse preferentemente a magistrados especialistas en el orden social o a jueces con formación y experiencia acreditadas en esta jurisdicción.
«No podemos permitirnos que una medida concebida para reducir el atasco judicial termine generando nuevas complicaciones. La jurisdicción social tiene una normativa, unos procedimientos y una casuística muy específicos. Destinar a estos órganos jueces sin experiencia suficiente en Derecho Laboral y Seguridad Social puede generar mayores dificultades en la tramitación y resolución de los asuntos e incrementar la litigiosidad en vía de recurso», ha advertido.
El presidente considera que la especialización judicial es un factor fundamental para garantizar resoluciones rigurosas, mejorar los tiempos de respuesta y evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente.
«No se trata simplemente de celebrar más juicios, sino de resolverlos correctamente y en plazos razonables. Queremos magistrados que conozcan esta jurisdicción, que estén familiarizados con los conflictos laborales y que puedan incorporarse con eficacia a una situación de extraordinaria sobrecarga», ha añadido.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta recuerda que estas reivindicaciones no son nuevas. Durante los últimos años ha denunciado reiteradamente las graves carencias estructurales que afectan a la Administración de Justicia en la provincia, especialmente en los órganos de lo Social de Cádiz, Jerez y Algeciras.
Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente a 2025, los juzgados de lo Social de Cádiz registraron 3.635 asuntos, con una media de 909 por órgano judicial, mientras que en Jerez se contabilizaron 3.750 ingresos, con una media de 1.250 por órgano. En Algeciras, la media alcanzó los 897 asuntos.
Estas cifras superan la referencia orientativa de 800 asuntos anuales por órgano judicial recogida en la propia Memoria, lo que confirma la elevada presión a la que se encuentra sometida esta jurisdicción.
Especialmente preocupante resulta el índice de suspensiones de juicios y vistas. En Cádiz, la jurisdicción social registró durante 2025 un porcentaje de suspensiones del 56%, frente al 53% del ejercicio anterior, una circunstancia que añade nuevos retrasos a procedimientos que ya acumulan importantes demoras.
Fernández Sánchez ha recordado que los profesionales vienen denunciando, además de la insuficiencia de jueces y magistrados, la escasez de funcionarios judiciales, las dificultades para cubrir bajas y vacantes, los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos, las deficiencias de las instalaciones y los continuos cambios de señalamientos.