El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que representa a más de 700 profesionales y operadores jurídicos del Orden Social, la Seguridad Social y las relaciones laborales, se enfrenta desde ayer lunes a una situación excepcional e inédita: las máximas consultas administrativas laborales por parte de las empresas de distintos tamaños en la provincia de Cádiz, especialmente de los miles de pymes que componen nuestro tejido industrial.
El presidente de esta profesión, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado que los despachos de estos profesionales están estudiando “caso por caso” llevando a cabo planes de contingencia para poder estudiar las casuísticas de cada empresa y cada situación concreta y fórmula jurídica: desde autónomos a las distintas formas societarias.
“En última instancia, somos los operadores que tramitamos las medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente expedientes de regulación, EREs y ERTEs, que posteriormente deben adaptarse a nuestra comunidad autónoma. Vanos a tener que estudiar miles de documentos y valorar las diferentes opciones para cada pyme y cada situación concreta”, explica el presidente del Colegio.
En esta situación, inédita e histórica, el Colegio de Graduados Sociales está estableciendo una serie de canales informativos y de ayuda para sus colegiados, mediante consultas no presenciales. “Todos los despachos de mis compañeros en la provincia están operativos, llevando a cabo distintas acciones de información a sus empresas y trabajadores y participando activamente en esta labor de asesoramiento, absolutamente clave para la gestión de esta crisis y la supervivencia de empresas y puestos de trabajo”, incide José Blas Fernández.
José Blas Fernández ha reiterado “la puesta a disposición de nuestros profesionales a las empresas en todo lo relativo a sus asuntos laborales y el amplio abanico de medidas, desde preventivas hasta de fomento del teletrabajo. Empresas y trabajadores son nuestra razón de ser, sus asuntos de empleo, laborales y de seguridad social, tanto a nivel de gestión como jurídicamente”.
