El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha expresado su preocupación ante las dificultades que está encontrando la Junta de Andalucía para implementar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una reforma estatal que, según el propio consejero José Antonio Nieto, está suponiendo un esfuerzo presupuestario extraordinario para las comunidades autónomas sin aportación económica del Estado.
Fernández ha subrayado que “la ley emana del Congreso de los Diputados, del Gobierno de la Nación, y son las autonomías las que ahora tienen que asumir en solitario su desarrollo y financiación”. A su juicio, “la Justicia no puede seguir avanzando a base de parches o improvisaciones normativas sin un marco de cooperación real entre el Estado y las comunidades autónomas, ni una dotación de medios humanos y materiales que garantice la eficacia del sistema judicial”.
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta comparte la inquietud manifestada por distintos operadores jurídicos sobre la escasa participación de los profesionales del Derecho Social, abogados, procuradores y graduados sociales en el diseño y desarrollo de este nuevo modelo judicial.
“Somos los profesionales que, cada día, alimentamos la Justicia con los casos que llegan a los tribunales, quienes mejor conocemos las necesidades reales de los juzgados y los efectos de los cambios legislativos”, ha señalado Fernández. “Nos preocupa que esta reforma, sin la debida coordinación, pueda generar más problemas que soluciones, especialmente en una provincia como Cádiz, históricamente castigada por la falta de medios en la Administración de Justicia”.
El presidente de los Graduados Sociales gaditanos ha valorado “la valentía y el esfuerzo del consejero de Justicia por dialogar con todos los sectores implicados”, aunque ha insistido en que “la Ley de Eficiencia, tal y como está concebida, puede provocar un nuevo colapso en la administración de justicia si no se acompaña de una planificación adecuada y de los recursos necesarios”. Fernández ha recordado que los graduados sociales forman parte esencial del engranaje judicial, especialmente en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y ha reclamado que se cuente con su voz “en todas las mesas de diálogo donde se debata el futuro del sistema judicial”.
