El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta denuncia la situación insostenible que atraviesan los despachos profesionales de la provincia como consecuencia de la implantación de un sistema masivo de notificaciones electrónicas automáticas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, que alcanza incluso a los fines de semana y festivos. Esta saturación afecta gravemente a la gestión laboral y social de miles de pymes, micropymes y autónomos de la provincia.
“La Administración ha delegado en los despachos de los graduados sociales una función que debería asumir de manera ordenada y con respeto a la desconexión digital. Estamos hablando de más de 200 notificaciones semanales que tenemos que atender desde nuestros despachos, muchas veces con carácter inmediato, incluso en sábado o domingo. Esto es una situación límite”, advierte el presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez.
La provincia de Cádiz cuenta con un tejido empresarial compuesto en más de un 85% por pymes, micropymes y trabajadores autónomos, que confían en los graduados sociales para la gestión diaria de sus obligaciones laborales y de Seguridad Social. “Somos pieza clave para el funcionamiento del sistema y garantes de los derechos de trabajadores, empresarios y colectivos vulnerables. Pero no podemos seguir sosteniendo esta carga con los recursos actuales y bajo esta presión administrativa”, afirma Fernández.
Con una población superior a 1,2 millones de habitantes y una economía basada en sectores tan diversos como el comercio, la hostelería, el transporte, la industria naval, la agricultura o el turismo, los despachos de graduados sociales en Cádiz actúan como intermediarios esenciales entre la Administración y las empresas, gestionando no solo nóminas y cotizaciones, sino también bajas, incapacidades, pensiones, expedientes de jubilación o ayudas como el Ingreso Mínimo Vital.
El presidente del Colegio recuerda los efectos de la merma de personal en la Seguridad Social sobre los tiempos de resolución de expedientes y trámites esenciales. “Advertimos entonces que se estaban transfiriendo tareas a los despachos profesionales sin medios ni personal suficiente. Hoy esa sobrecarga se agrava con las notificaciones automáticas, que son continuas, repetitivas y generan alarma en los clientes”, subraya.
Fernández insiste en que el colectivo profesional no puede ni debe sustituir el papel que corresponde a la Administración: “Nosotros cumplimos con rigor nuestras funciones como operadores jurídicos del Orden Social, pero no podemos asumir la responsabilidad de un sistema de alertas masivo que inunda los buzones electrónicos sin filtrar, sin horario y sin sentido común. Estamos viendo cómo esta situación está desbordando incluso a los sistemas informáticos, provocando confusión y errores que acaban pagando las empresas y los trabajadores”.
Reivindicaciones del Colegio de Cádiz
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclama a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
- Implantar una franja horaria limitada para el envío de notificaciones: de lunes a viernes y en horario laboral, evitando comunicaciones en festivos y fines de semana.
- Racionalizar el sistema de alertas, evitando duplicidades y errores, y permitiendo su agrupación por tipo o prioridad.
- Establecer un protocolo de revisión periódica del sistema con la participación de los Colegios Oficiales y el Consejo General de Graduados Sociales.
- Reforzar la plantilla de la Seguridad Social, tal como se ha demandado reiteradamente, para evitar que el colapso de sus oficinas termine convirtiéndose en una externalización encubierta a los despachos privados.
- Reconocer formalmente la labor de los graduados sociales como interlocutores profesionales y esenciales para el funcionamiento diario del sistema de protección social.
El presidente José Blas Fernández concluye: “Desde Cádiz levantamos la voz, pero esta es una realidad que se vive en toda España. Exigimos una solución inmediata a una situación que afecta no solo a nuestro colectivo, sino al conjunto del tejido productivo y social del país. La digitalización no puede ser una excusa para maltratar profesionalmente a quienes sostenemos el sistema desde la base”.