El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mantenido un encuentro de trabajo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el objetivo de abordar la situación actual de nuestra comunidad autónoma desde la perspectiva laboral y social, ofreciendo “la experiencia que, día a día, atesoran nuestros colegiados actuando codo con codo con las empresas y los trabajadores”, ha señalado su presidente, José Blas Fernández Sánchez.
En la reunión, celebrada en la sede del Parlamento de Andalucía, se han dado cita la diputada de Ciudadanos Mercedes López Romero, portavoz de Discapacidad, y representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, con la asistencia, junto al presidente José Blas Fernández Sánchez (también presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta), del presidente del Colegio de Sevilla, José Ramón Barrera Hurtado; la secretaria general del Consejo Andaluz y vicepresidenta 2ª del Colegio de Sevilla, Ana María Ruiz Girona; y Luis Carrasco Quiñones, miembro de la Comisión Permanente y vicepresidente del Colegio de Cádiz-Ceuta.
El Consejo representa a más de 9 mil graduados sociales de las 8 provincias andaluzas, más Ceuta y Melilla. Durante la reunión, estos representantes profesionales han alertado a la parlamentaria de Ciudadanos de la situación de la Justicia Social y el mundo laboral en Andalucía, reclamando medidas legislativas y un pacto institucional, político y social, para que Gobierno, Junta de Andalucía, junto a los operadores jurídicos, busquen vías de solución y prioricen medidas de cara a la recuperación económica en nuestra comunidad.
Los representantes del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han alertado de las graves consecuencias que la crisis del Covid-19 ha generado en las pequeñas y medianas empresas andaluzas y los autónomos: incremento de la morosidad, falta de liquidez, y problemas de índole laboral ante la falta de demanda. “Estamos en contacto diario con las pymes, que nos trasladan situaciones de verdadera angustia ante la falta de medidas de calado para paliar la crisis económica”, destaca José Blas Fernández.
En este sentido, este colectivo profesional solicita a los grupos políticos actuaciones legislativas que garanticen “facilidades en todos los ámbitos de relación entre empresas y administraciones: pago de impuestos y tasas, flexibilidad laboral, expedientes temporales de empleo, inyecciones de liquidez, junto a una reforma del sector público para que se oriente a la eficiencia y competitividad de los servicios que deben prestarnos a todos, ciudadanos y empresas”, señala su presidente.
Por último, se destaca un aspecto que preocupa a estos operadores jurídicos: el colapso de la Justicia Social, con juzgados de lo Social que no pueden afrontar el incremento de demandas por despido. “Tememos que se señalen juicios a partir de 2024, una espera insostenible para empresas y trabajadores”, agrega.
José Blas Fernández ha agradecido la celebración de este encuentro, en el que también se han abordado temas relacionados con el acceso de personas con discapacidad al ámbito laboral, en igualdad de condiciones y cumpliendo con los ratios que exige la ley.