El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, reunida su Junta de Gobierno, ha acordado rechazar de manera expresa y rotunda las manifestaciones y actos de presión dirigidos en los últimos días contra jueces, magistrados y sedes judiciales en España.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha trasladado en nombre de la Corporación una valoración firme ante la creciente crispación social y política que está situando al Poder Judicial en el centro de ataques directos: “Estamos viviendo momentos muy difíciles ante los ataques frontales que se están realizando contra la Administración de Justicia. Los Graduados Sociales somos operadores jurídicos y trabajamos cada día en los tribunales, defendiendo a trabajadores, empresas, pensionistas y miles de ciudadanos. Que no compartamos una sentencia no significa que podamos atacar a los jueces; para eso existen los recursos legalmente establecidos”.
Fernández recordó que el artículo 117 de la Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley: “Los jueces pueden equivocarse, como cualquier profesional, pero para eso están los recursos y los tribunales superiores. Lo que no es admisible es un ataque torticero y desmesurado que pone en cuestión la independencia judicial y que intenta convertir una discrepancia procesal en una deslegitimación del sistema”.
El presidente subrayó que los Graduados Sociales conocen de primera mano el funcionamiento de los juzgados y la carga de trabajo que soportan los magistrados: “Estamos cada día con ellos, compartiendo procedimientos, resoluciones y largas jornadas. Sabemos del esfuerzo, la responsabilidad y la profesionalidad con la que actúan. Discrepamos de muchas sentencias, como es lógico, y las recurrimos. Pero nunca hemos atacado a los jueces ni los hemos señalado como parte de intereses políticos o de terceros”.
Asimismo, Fernández calificó de “preocupantes y peligrosísimas” las concentraciones y declaraciones que acusan públicamente a jueces de prevaricación sin conocer siquiera los fundamentos jurídicos de las resoluciones: “Esto no es serio. Esto pone en riesgo el Estado de Derecho. Si se desacredita a los jueces, también se desacredita a quienes trabajamos en el ámbito jurídico. Atacar de esta forma a los tribunales es deslegitimar la propia democracia”.
Por ello, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta:
- Reitera su apoyo absoluto a la independencia judicial.
- Condena cualquier señalamiento, descalificación o presión hacia jueces y magistrados.
- Recuerda que las discrepancias deben canalizarse exclusivamente mediante los recursos previstos en la ley.
- Defiende la necesidad de preservar el respeto institucional como pilar básico del Estado de Derecho.
Para José Blas Fernández: “Quien no respeta la función de los jueces no cree en la Constitución ni en el Estado de Derecho. Y eso no lo podemos permitir. Nuestro deber es defender la justicia, las instituciones y la convivencia democrática”.