El Colegio Profesional advierte del impacto de las nuevas obligaciones introducidas por el Real Decreto 723/2026 en un tejido productivo como el gaditano, donde más del 95 % de las empresas tiene menos de diez asalariados
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su preocupación por el incremento de las obligaciones administrativas y documentales que deben afrontar las empresas como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, relativo a unas condiciones laborales transparentes y previsibles.
La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de septiembre, amplía considerablemente la información que las empresas deben proporcionar por escrito a las personas trabajadoras sobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones en las que se desarrollará la prestación laboral. Con carácter general, esta información debe ser facilitada antes del inicio de la relación laboral.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, considera que el objetivo de reforzar la transparencia y garantizar los derechos de información de las personas trabajadoras debe compatibilizarse con la realidad de las pequeñas empresas y con su capacidad efectiva para asumir nuevas exigencias administrativas. “Cada nueva contratación exige ahora recopilar, concretar y trasladar previamente una cantidad mucho mayor de información. Para una gran compañía, que dispone de departamentos especializados de recursos humanos y estructuras administrativas propias, puede ser asumible. Para una pequeña empresa o una microempresa supone una carga adicional que no podemos minusvalorar”, señala Fernández.
La preocupación adquiere especial relevancia en una provincia como Cádiz. Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2025, el 95,3 % de las empresas gaditanas tiene menos de diez asalariados, un indicador especialmente significativo de la dimensión real del tejido productivo provincial.
El Real Decreto 723/2026 transpone parcialmente al ordenamiento español la Directiva europea 2019/1152 y sustituye la regulación anterior sobre información al trabajador. Su objetivo es aumentar la transparencia y previsibilidad de las relaciones laborales.
Entre los datos sobre los que las empresas deben informar figuran la identidad de las partes; fecha de comienzo y, en su caso, duración del contrato; lugar y centro de trabajo; puesto, categoría y funciones; salario base y complementos; jornada y horarios; trabajo nocturno o a turnos; horas extraordinarias; vacaciones; período de prueba; formación proporcionada por la empresa; convenio colectivo aplicable; procedimientos de modificación de determinadas condiciones y extinción contractual, así como determinadas cuestiones relativas a la protección social.
A ello se añaden nuevas obligaciones relacionadas con la utilización de algoritmos o sistemas automatizados de toma de decisiones cuando puedan influir en cuestiones como la jornada, la asignación de tareas, el salario, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la propia extinción de la relación laboral.
José Blas Fernández advierte precisamente de la necesidad práctica de disponer de todos esos datos con suficiente antelación para preparar la documentación informativa antes de que comience la relación laboral. Para el presidente de los graduados sociales gaditanos, el problema no reside únicamente en una obligación concreta, sino en la acumulación progresiva de requerimientos laborales, documentales y de Seguridad Social que deben asumir las empresas y los profesionales que las asesoran.
El presidente recuerda además que esta presión administrativa tiene una incidencia muy distinta dependiendo del tamaño de la organización. “Todo este conjunto de obligaciones puede tener una lógica operativa en grandes empresas dotadas de importantes estructuras internas, pero cuando hablamos de pymes y micropymes podemos estar situando a muchos empresarios al límite de su capacidad administrativa”.
José Blas Fernández insiste en que garantizar los derechos de los trabajadores y proporcionar seguridad jurídica constituye un objetivo compartido por los graduados sociales, pero reclama que las nuevas obligaciones se acompañen de procedimientos sencillos, herramientas eficaces, seguridad interpretativa y una reducción de otras cargas administrativas.
“El reto —concluye José Blas Fernández— es alcanzar un equilibrio razonable: máxima protección y transparencia para el trabajador, pero también normas que puedan ser cumplidas de manera eficaz por las pequeñas empresas que sostienen la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo y nuestro empleo”.