El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mostrado su “profunda preocupación” por la evolución del absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes, especialmente por enfermedad común, y por el impacto que esta realidad está teniendo sobre las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el conjunto del sistema público de protección social.
La corporación profesional que preside José Blas Fernández Sánchez, reunida en junta general, considera que este fenómeno ha dejado de ser una incidencia coyuntural para convertirse en “un problema estructural de primer orden”, con efectos directos sobre la productividad, la organización de las plantillas, la contratación, la competitividad empresarial y la sostenibilidad financiera del sistema.
El Colegio subraya que parte de una premisa “absolutamente irrenunciable”: el derecho de cualquier trabajador a recibir asistencia sanitaria y a permanecer de baja cuando su estado de salud le impide trabajar. “Ese derecho no está en discusión ni puede estarlo”, afirma José Blas Fernández. “Lo que sí debe discutirse, y con urgencia, es si el sistema actual dispone de controles eficaces, tiempos de respuesta razonables y una coordinación real entre el Servicio Público de Salud, el INSS, las mutuas y las empresas”.
Según los datos analizados por el Colegio, el problema adquiere especial gravedad en territorios como Cádiz, donde predominan pymes, micropymes y autónomos empleadores. En estas empresas, la ausencia prolongada de un solo trabajador puede desorganizar turnos, retrasar trabajos, obligar a sustituciones difíciles de cubrir y generar una carga económica difícilmente asumible.
En la provincia de Cádiz, la cuantía vinculada a las incapacidades temporales por contingencias comunes alcanzó durante 2025 los 565 millones de euros, con fuerte impacto tanto en las empresas como en el sistema público de prestaciones. Además, la provincia registra 36,44 procesos de baja por cada 100 trabajadores, con un rasgo especialmente preocupante: aunque Cádiz no presenta necesariamente más bajas que otros territorios, sí soporta procesos más prolongados, lo que eleva el coste económico y organizativo.
Para José Blas Fernández Sánchez, estos datos “obligan a una reflexión seria y alejada de cualquier simplificación”. “No estamos ante un debate contra los trabajadores ni contra los médicos. Estamos ante un problema de gestión pública, coordinación administrativa y sostenibilidad. Cuando una baja por enfermedad común depende del sistema sanitario público, las pruebas se retrasan, la cita con el especialista tarda meses y las mutuas apenas pueden formular propuestas de alta sin capacidad efectiva para resolver el proceso, el coste de esa demora termina recayendo sobre todos: trabajador, empresa y arcas públicas”, señala.
El Colegio recuerda que el régimen legal general de la incapacidad temporal por enfermedad común establece que los tres primeros días no generan subsidio; del cuarto al vigésimo día se abona el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. Entre los días 4 y 15 el coste corre a cargo de la empresa, mientras que desde el día 16 lo asume la Seguridad Social o la mutua correspondiente, normalmente mediante pago delegado. Sin embargo, numerosos convenios colectivos complementan estas cantidades hasta el 100% del salario, trasladando a las empresas una carga añadida.
Uno de los factores que más preocupa al Colegio es la conexión entre la duración de las bajas y las listas de espera sanitarias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado una correlación entre los tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud y la prolongación de los procesos de incapacidad temporal, especialmente en patologías musculoesqueléticas, traumatológicas, neurológicas, digestivas y de salud mental, algunas de las que generan bajas de mayor duración.
El Colegio llama también la atención sobre el incremento de las bajas vinculadas a la salud mental, con duraciones medias especialmente elevadas. La AIReF ha advertido de que los trastornos mentales son uno de los grupos diagnósticos con mayor duración media dentro de la incapacidad temporal, con procesos que alcanzan de media 98,5 días. Para la corporación, este dato exige “más recursos asistenciales, más prevención y más capacidad de seguimiento”, así como “protocolos claros que permitan distinguir entre procesos clínicos correctamente justificados, situaciones prolongadas por falta de atención sanitaria y posibles usos inadecuados del sistema”.
En el caso de Ceuta, el Colegio recuerda que la asistencia sanitaria pública no depende del Servicio Andaluz de Salud, sino del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA. Los datos analizados apuntan a que, en 2024, sobre una población protegida de 15.992 trabajadores, se iniciaron 4.540 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, con una duración media de 52,9 días y una incidencia mensual de 23,6 procesos por cada 1.000 trabajadores. El impacto económico de estas ausencias por enfermedad común superó los 16,9 millones de euros, de los que 7,69 millones fueron soportados directamente por empresas locales. Durante el primer semestre de 2025, la incidencia repuntó hasta 25,5 casos mensuales por cada 1.000 trabajadores.
“Ceuta no puede quedar fuera de este análisis”, afirma José Blas Fernández. “Nuestro Colegio presta servicio también a la ciudad autónoma y allí concurren factores propios: dimensión reducida del mercado laboral, dependencia de INGESA, dificultades asistenciales específicas y un tejido empresarial que, como ocurre en Cádiz, tiene poca capacidad para absorber ausencias prolongadas”.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta considera que la solución exige un pacto institucional entre el Estado, las comunidades autónomas, INGESA en el caso de Ceuta, el INSS, las mutuas, los agentes sociales y los operadores jurídico-laborales. Entre las medidas propuestas figuran el refuerzo de la inspección médica, la interoperabilidad entre sistemas sanitarios y de Seguridad Social, la agilización de pruebas diagnósticas y consultas especializadas, protocolos para procesos de larga duración, mayor coordinación con las mutuas, revisión del impacto de los complementos empresariales obligatorios y programas de reincorporación progresiva o adaptada cuando la situación clínica lo permita. “El sistema tiene que proteger al trabajador enfermo, pero también evitar que una baja se prolongue por ineficiencias que nadie corrige”, concluye José Blas Fernández. “La protección social solo será sostenible si funciona con rigor, agilidad y corresponsabilidad. Cádiz y Ceuta necesitan respuestas; las empresas, certidumbre; los trabajadores, atención sanitaria en plazo; y el sistema, controles eficaces para que el derecho a la baja no se vea deteriorado por la falta de gestión”.