El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mantenido esta mañana una reunión institucional con la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Cádiz para analizar el inminente despliegue de las nuevas oficinas judiciales en Cádiz capital, Jerez de la Frontera y Algeciras, en el marco de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Durante el encuentro, celebrado en el despacho oficial de la delegada y en el que también participaron técnicos de la Delegación Territorial, se expuso la situación generada por la entrada en vigor de la nueva norma, prevista para el próximo 1 de enero. La representación del Colegio estuvo encabezada por su presidente,José Blas Fernández Sánchez, acompañado por el vicepresidente 2º, Juan Carlos Cabrera; la secretaria general, Francisca Aragón; y el vicesecretario, Manuel Fraga.
La nueva legislación supone —según se trasladó en la reunión— “un cambio estructural de enorme calado”, ya que contempla la desaparición del modelo tradicional de órganos unipersonales formados por un juez, un letrado de la Administración de Justicia y su correspondiente plantilla de funcionarios, para dar paso a un sistema basado en la especialización y la organización por servicios comunes.
El Colegio advirtió que esta transformación, acometida “con excesiva premura y sin la dotación presupuestaria suficiente”, podría derivar en un colapso inicial del servicio público, particularmente en un contexto marcado por la escasez de jueces y personal funcionario. Recordó además que más de 55 jueces decanos solicitaron una prórroga en la implantación de la ley, petición finalmente desestimada por el Gobierno central.
Por su parte, la delegada territorial expresó su completa disposición a colaborar con los Graduados Sociales y señaló que la Junta de Andalucía aplicará un sobresfuerzo organizativo para agilizar la transición, si bien reconoció las limitaciones competenciales y materiales existentes. Asimismo, agradeció “la preocupación constante y la actitud colaboradora del colectivo en todos los asuntos relacionados con la Administración de Justicia”.
El Colegio de Graduados Sociales subraya que seguirá trabajando con todas las instituciones implicadas para garantizar que la implantación del nuevo modelo judicial se realice con las máximas garantías para profesionales y ciudadanía.
