Cuando en 1985 nos sentábamos ante un procedimiento laboral, lo hacíamos con la convicción de que nuestra voz representaba algo más que a una parte en conflicto: representaba la justicia social en acción. Eran tiempos de cambios, de consolidación y, sobre todo, de reafirmación del papel del Graduado Social como pieza clave en la defensa de los derechos de trabajadores y empresas.
Ese año, la figura del Graduado Social en los procedimientos laborales seguía afianzándose, ganando cada vez más peso en los tribunales y demostrando que el conocimiento profundo del Derecho Laboral no era solo patrimonio de abogados y jueces. Allí estábamos nosotros, con nuestras togas bien puestas y los códigos bien aprendidos, defendiendo con pasión cada argumento y cada derecho.
La Seguridad Social, por su parte, vivía una evolución constante. Si algo ha caracterizado su historia, es su capacidad de adaptarse a las realidades socioeconómicas de cada época, y 1985 no fue una excepción. Como Graduados Sociales, nos convertimos en guías y aliados de aquellos que necesitaban entender las normas, gestionar sus derechos y, en muchas ocasiones, luchar por ellos. Porque sí, la legislación se escribe en los boletines, pero la justicia se vive en la práctica diaria de quienes la aplican.
Mirando atrás, no podemos evitar sonreír al recordar aquellos tiempos en los que los procedimientos no estaban digitalizados, en los que cada alegato se escribía con más tinta que teclado y en los que la experiencia se ganaba a base de horas de estrado y despacho. Sin embargo, el espíritu sigue siendo el mismo: la defensa de la legalidad y la justicia social con el mismo compromiso de siempre.
Hoy, con décadas de avances, seguimos siendo imprescindibles en la representación y asesoramiento laboral. Porque si algo aprendimos en 1985, y seguimos aplicando hoy, es que la justicia no solo necesita leyes, sino también quienes las hagan valer con conocimiento, pasión y un toque de humanidad.
Cien años de historia, un legado que continúa.
