Nuestro Colegio ha liderado durante las dos últimas semanas las justas reivindicaciones para que se mejoren las infraestructuras judiciales en nuestra provincia.
El pasado 27 de diciembre, con motivo de la presentación del balance anual de 2016, nuestro presidente señaló que en 2017 se tienen que corregir las graves deficiencias en materia de medios humanos y materiales en los juzgados de lo Social de la provincia, para reducir las elevadas cargas de trabajo y los retrasos en los tiempos de respuesta que afectan a los tres territorios de la provincia: Cádiz-Bahía, Jerez y Campo de Gibraltar.
El asunto centraba la reunión de la junta de gobierno de nuestra corporación profesional. Nuestro presidente alertó de la situación de la que se había hecho eco el Consejo General del Poder Judicial. El propio órgano de gobierno de los jueces había alertado –en un informe de sus inspectores- de la situación de elevada carga de trabajo y la existencia de indicadores de resolución y atención de casos muy elevados, superiores a un año.
Nuestro colegio, en línea con el informe del CGPC, pedía la creación de un nuevo juzgado en el Campo de Gibraltar y, adicionalmente, la creación de plazas de jueces de apoyo en las demarcaciones de Jerez y Cádiz para atender situaciones de gran calado social: indemnizaciones, reclamaciones de cantidad, conflictos entre trabajadores y empresas, etc.
José Blas Fernández Sánchez anunció que solicitaría en breve una entrevista con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, quien aseguró en octubre del 2015 la inminente puesta en marcha del número 2 de lo Social en Algeciras, entre otras mejoras de medios en los juzgados de la provincia, sin que hasta ahora se hayan llevado a cabo.
La Ciudad de la Justicia de Cádiz fue otro de los temas que, transcurrido otro año más desde que en 2001se anunció a bombo y platillo su puesta en marcha, no se ha hecho nada.
En este enlace se puede comprobar el proyecto que en su día presentó la Junta de Andalucía.
Proyecto Ciudad de la Justicia
Reacción negativa del Delegado de la Junta de Andalucía
La profusa difusión en los medios de comunicación de las declaraciones de nuestro presidente no sentó bien al delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Fernando López Gil, que realizó unas desafortunadas declaraciones que han motivado las quejas de nuestro presidente, en representación de nuestros 700 profesionales colegiados, que dirigirá al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, por lo que considera una “falta de respeto institucional” del delegado del gobierno autonómico hacia nuestra corporación de derecho público, con claras muestras de intolerancia además de muy poco conocimiento del ámbito de competencias de cada administración.
José Blas Fernández puntualizó que la competencia en materia de creación de nuevos juzgados es exclusiva de la Junta de Andalucía, dotándolos de los medios humanos y materiales, siendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que, en última instancia, designa a los jueces, recordando así al delegado que este organismo ha alertado de la situación de elevada carga de trabajo y la existencia de indicadores de resolución y atención de casos muy elevados en nuestra provincia.
El presidente le sugirió al delegado que dirija sus esfuerzos a trabajar por la mejora de los medios judiciales, como el reagrupamiento de los juzgados de Cádiz, repartidos por toda la ciudad con un elevado derroche en alquileres, en una única ubicación: la Ciudad de la Justicia, que va a para 15 años en forma de promesa incumplida.
Ciudad de la Justicia: mareando la perdiz
Lejos de rectificar y tender la mano a nuestro colectivo para colaborar juntos en la solución de los problemas de la justicia de lo Social, el delegado de la Junta anuncia a bombo y platillo nuevas alternativas para ubicar la Ciudad de la Justicia, ahora en la antigua Escuela de Náutica o en las naves de Tabacalera, en Loreto.
Nuestro presidente volvió a salir públicamente acusando a la Junta “marear la perdiz y jugar con los gaditanos” con anuncios de nuevos posibles emplazamientos para la Ciudad de la Justicia, un proyecto que acumula ya 15 años de retraso y cuya ubicación ideal sería, a su juicio, la inicialmente prevista en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana.
En representación de nuestra profesión, lamentó el “menosprecio” de la Junta de Andalucía hacia Cádiz, mientras en otras capitales de la comunidad ya existen infraestructuras y sedes judiciales agrupadas en las denominadas Ciudades de la Justicia. “En nuestra ciudad, los juzgados siguen estando dispersos aquí y allí, en edificios y oficinas en alquiler que suponen un derroche de recursos públicos”, indicó.
El anuncio de la Junta planteando la unificación de las sedes judiciales, bien en la antigua Escuela de Náutica, bien en los terrenos de los depósitos de Tabacalera, supone “una inocentada tardía”, que se suma “a la broma del año pasado: ubicar la Ciudad de la Justicia en la Zona Franca”, sostiene el presidente de los graduados, que ha exigido a la administración autonómica que “no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 15 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo”.
Más de 15 años de papel mojado
La construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana y aledaños desde diciembre de 2001, cuando la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía anunció su creación. En los años 2005 y 2006 se realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la democión de los edificios existentes, además de un estudio geotécnico.
La cosa no quedó ahí porque en 2007 se presentó “a bombo y platillo” el proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros.” Se nos entregó un CD con todos los detalles de la Ciudad de la Justicia, que lleva 15 años siendo sólo eso, un CD con un puñado de fotografías virtuales y colorines”, lamenta José Blas Fernández.
Pasados tres lustros, y después de varios escritos del Colegio de Graduados Sociales al Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía “nos vuelve a tomar el pelo”, que no obstante reitera el ofrecimiento de esta corporación profesional para mediar y aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres.
Esta oferta de colaboración, no obstante, se debe realizar desde la seriedad, no a base de “globos sonda” como el lanzado por López Gil, reiterando una vez más la celebración de una reunión con el delegado de la Junta de Andalucía, solicitada desde hace más de seis meses.
Noticia La Voz Digital de Cádiz
