Separar a nivel ministerial la gestión de la Seguridad Social de la de empleo ha sido un error, pues entre otras cosas, ha dejado sin concretar la actuación coordinada del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo impulso por la ministra Magdalena Valerio sirvió para convertir miles de contratos temporales formalizados en fraude de ley en fijos. Por eso ha tenido que elaborarse un decreto mediante el cual, antes de finalizar del presente mes de febrero, se ha de crear un órgano de coordinación del Ministerio de Trabajo y Economía Social con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para, entre otras medidas, garantizar el funcionamiento cohesionado del citado organismo inspector.
En virtud de ese decreto las competencias que se han querido separar volverán a unirse, pero de forma poco consistente, como con hilvanes, porque las ideas de los titulares de cada departamento son dispares. Las de Javier Escrivá, en Seguridad Social, son más técnicas y encaminadas a lograr el saneamiento del sistema de pensiones partiendo de los trabajos del Pacto de Toledo, que hace un año no cerró un acuerdo debido a la oposición de Yolanda Díaz, entonces portavoz de Unidas Podemos en esa comisión y ahora ministra de Trabajo y Economía Social, desde donde con ideas más políticas quiere derogar las reformas del Estatuto de los Trabajadores de 2010 y 2012.
Escrivá pretende cargar a los Presupuestos Generales del Estado el gasto de funcionamiento del sistema; eliminar las reducciones en las cotizaciones que hay establecidas para favorecer las políticas de empleo; sanear las cuentas suprimiendo las subvenciones implícitas a regímenes especiales y las prestaciones por maternidad y paternidad; y racionalizar las cotizaciones rebajando las dedicadas a contingencias con superávit para aumentar las que financian las deficitarias; además de implantar una renta mínima vital. Mientras que la ministra no repara en las consecuencias que pueden tener las derogaciones que pretende; ha prometido legislar con celeridad para eliminar el uso de los falsos autónomos, a la vez que flexibilizar para quienes realmente lo son el acceso a la prestación por cese en la actividad (similar a la de desempleo); se opone a la tarifa plana de cotización de estos; y es proclive a que cuanto antes coticen en función de sus ingresos.
Es decir, que la ministra Díaz prevé acometer actuaciones que no parecen de su competencia. Será por su egocentrismo, tan acentuado que ha llegado a manifestar, en una entrevista radiofónica, que es la introductora del dialogo social para legislar, ignorando la importante labor en ese aspecto de sus antecesores; aparte de criticar la normativa actual que, según dijo, permite situaciones como la de una amiga suya que, después de 21 años de antigüedad en la empresa, para seguir trabajando en el mismo puesto tuvo que hacerse autónoma. Ejemplo desafortunado, pues, si ha ocurrido, fue un incumplimiento de la legislación por el empresario, incluso con la connivencia de la trabajadora, quien, según lo legislado, debió demandar judicialmente; como muy bien sabe doña Yolanda, pues en su currículo figura que es abogado laboralista con máster en recursos humanos y en relaciones laborarles. Mientras que por su parte el señor Escrivá pretende que las políticas de empleo se sufraguen con cargo al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en lugar de estar financiadas por reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social, a la vez que reducir la cotización por desempleo, destinada al Servicio Público de Empleo Estatal adscrito a la cartera ministerial de Trabajo.
Esperemos que para bien del mundo del trabajo no se rompa por falta de entendimiento la coordinación necesaria de los dos departamentos ministeriales. Aunque la misma no parece muy firme. Sólo hilvanada.
