En un clima de urgencia y consternación, los operadores jurídicos – abogados, procuradores y graduados sociales – han emitido hoy un llamamiento apremiante este miércoles. Han articulado su desesperación a través de «un llanto y un grito desesperado», instando a todas las administraciones a dar prioridad a la justicia, a tratarla como «una cuestión de Estado». Esto se debe a la condición crítica en la que se encuentra el sistema judicial, que ha estado en un estado de inmovilización desde principios de año debido a las secuelas de las huelgas de los diferentes operadores y funcionarios, y los brotes de protestas por parte de jueces y fiscales.
Las sedes judiciales de Cádiz, Jerez, San Fernando y Algeciras han sido escenario de las concentraciones de estos profesionales, respondiendo a un llamamiento masivo ha sido organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. En Cádiz, el Colegio de Abogados invitó a los graduados sociales y procuradores a sumarse a esta propuesta que afecta a todos estos operadores.
El pasado lunes, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, suscribió el contenido del manifiesto de los abogados y anunció que estaría hoy en la manifestación portando una pancarta en nombre de estos operadores jurídicos del Orden Social y Laboral. Esta iniciativa ha sido secundada igualmente por los graduados sociales de Algeciras y Jerez, bajo el lema «La justicia, una cuestión de estado».
En Jerez, ha asistido a la concentración frente a los juzgados nuestro vicepresidente 1º, Luis Carrasco
Quiñones, acompañado de compañeros de esta demarcación.
En Algeciras, la representación colegiada ha corrido a cargo de Isabel Fernández López, delegada de nuestra profesión en el Campo de Gibraltar.
En Cádiz, los graduados sociales han estado representados por su presidente, José Blas Fernández Sánchez; Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 2º; Francisco Javier Sánchez Rea, secretario general; Francisca Aragón Torres, vicesecretaria general; Rosario Galiana Vigo, tesorera; Manuel Fraga Núñez, interventor contador; Montserrat Garrido Chillarón, vocal, y Jenaro Jiménez Maisonnave, vicepresidente de Honor, entre otros colegiados .
Con este acto se demanda a los diferentes administraciones públicas y partidos políticos que, en vista de una situación «insostenible», hagan de la justicia una «prioridad para que la próxima legislatura sea por fin la legislatura de la justicia, que ahora está al borde del caos y del colapso».
Según José Blas Fernández, “el colapso del sistema judicial y en concreto de los juzgados de lo social, puede tener múltiples efectos negativos para nosotros mismos, las pequeñas empresas y los trabajadores. En primer lugar, retrasos en los casos laborales: Los graduados sociales son los profesionales del derecho laboral, por lo que se ocupan de los conflictos y litigios laborales que surgen entre trabajadores y empresas. Un colapso en su funcionamiento puede provocar retrasos en la resolución de estos conflictos, lo que puede dejar a los trabajadores en situación de incertidumbre durante largos periodos de tiempo”.
Por otro lado, esta situación genera “incertidumbre y estrés para los graduados sociales, porque al ser el sistema judicial su principal ámbito de trabajo, un colapso puede poner en peligro su medio de vida, lo que puede provocarles estrés y preocupación. Además, si no pueden llevar a cabo su trabajo de manera efectiva debido a los retrasos judiciales, esto puede dañar su reputación profesional y hasta el cierre de sus despachos”, afirma el presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta.
Del mismo modo está “el impacto en las pequeñas empresas, que dependen de los graduados sociales para resolver los litigios laborales de manera rápida y efectiva. Los retrasos en la resolución de estos casos pueden causar problemas financieros a las empresas. Obviamente también se generan problemas financieros para los trabajadores porque los retrasos en la resolución de los conflictos laborales pueden afectar la seguridad financiera de los mismos. Si un empleado tiene un caso de compensación laboral o de despido injusto que no se resuelve rápidamente, puede encontrarse en una situación financiera precaria”, añade.
Otros efectos son el deterioro de las relaciones laborales: “En un ambiente donde las reclamaciones y conflictos laborales no se resuelven de manera oportuna, puede haber un deterioro en las relaciones entre empleados y empleadores. Esto puede llevar a una atmósfera de trabajo tensa y productividad reducida. También de pérdida de confianza en el sistema judicial, porque un colapso del sistema judicial puede llevar a una pérdida general de confianza en el sistema de justicia. Los trabajadores y las pequeñas empresas pueden sentir que no pueden confiar en el sistema para proteger sus derechos, lo que puede llevar a un mayor conflicto y descontento”, ha resumido José Blas Fernández Sánchez.
