José Blas Fernández recuerda que el acceso de la profesión al turno de oficio se debe a un mandato de las Cortes Generales para beneficiar al justiciable en el orden social y mercantil
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha salido hoy al paso de las declaraciones vertidas en los medios de comunicación por los Decanos de los colegios de abogados de Cádiz y Jerez, en relación a la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Ley 42/2015, de 5 de Octubre, que incluye en su Disposición Final Undécima una encomienda al Gobierno paraque, en el plazo de un año, regule la capacitación profesional exigida a los graduados sociales que posibilite su acceso al sistema de representación técnica gratuita, el denominado “turno de oficio”. Ambos representes de los abogados de la provincia han criticado este cambio, llegando a afirmar el Decano del Colegio de Jerez que “los graduados quieran ejercer de abogados».
El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha recordado a los responsables de ambas corporaciones que los profesionales de la abogacía y de las relaciones laborales tienen “el mismo rango académico y por el plan de estudios de las licenciaturas, como el actual de los grados, se colocan a ambas profesiones en el mismo nivel académico”. Actualmente la abogacía tiene cuatro cursos y Graduado Social otros cuatro denominados Graduados en Derecho y Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es decir, igual tratamiento.
“No entendemos este ataque a nuestra profesión, porque en ningún momento queremos ejercer de abogados, sino de graduados sociales,que es lo que somos una vez colegiados y con mucho orgullo”, ha señalado el presidente de los graduados sociales, quien se muestra extrañado por la reacción de los representantes de la abogacía “que deben saber, si tan preparados están, que en nuestro actual ordenamiento y, concretamente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en sus artículos, 497, 498, 544, 545y 546 existen tres profesiones que tienen el rango de operadores jurídicos: los abogados, los Graduados Sociales y los procuradores, todos con colegiación obligatoria y figuras procesales para actuar en los Tribunales, incluyendo a los graduados sociales ante los Tribunales Superiores de Justicia junto con abogados, lo que anteriormente no era, para confeccionar los Recursos de Suplicación en la Jurisdicción del Orden Social”.
Desde el Colegio de Graduados Sociales existe una percepción de “celo y envidia” por parte de los Decanos de los abogados, por no saber adaptarse a “una evolución lógica de la sociedad y de las profesiones que en ella se desarrollan”. Los graduados sociales están debidamente formados para ejercer como operadores jurídicos, con plenas garantías, en los ámbitos social y mercantil “y para ello los colegiados realizan unos estudios universitarios muy especializados, frente a los pocos créditos que los estudiantes de Derecho cursan sobre materia laboral y de Seguridad Social”, argumenta José Blas Fernández.
El presidente de los graduados sociales lamenta que en las críticas vertidas contra su profesión, por partede los colegios de abogados “no se menciona para nada que los operadores estamos al servicio del justiciable, porque son las personas quienes tienen que importarnos y que sus problemas y conflictos estén en manos de especialistas en cada área de la justicia”.
José Blas Fernández se extraña igualmente de que ambos representantes de la abogacía no estén al tanto de que el proceso por el que los graduados sociales accederán al “turno de oficio” no es “un capricho nuestro, sino un mandato de las Cortes Generales, de la soberanía popular al Gobierno para que regule este asunto con las aportaciones de los respectivos consejos generales, de la abogacía, de los graduados sociales y del Ministerio de Justicia”, por lo que la opinión del decano de Cádiz o el de Jerez no tienen valor alguno en esa comisión.
“Pedimos respeto hacia nuestra profesión porque éste es un camino sin retorno. Los ciudadanos u organizaciones que tienen asuntos por dirimir ante los tribunales de índole social o mercantil, deben tener los mismos derechos de acceso a la justicia gratuita que aquellos que ya lo tienen en juicios civiles o penales”, ha apostillado el presidente. “Esto es de justicia y sentido común”.
Por último, José Blas Fernández Sánchez ha pedido a ambos representantes que “no rescaten polémicas ya caducas ni enfrentamientos entre profesiones que no conducen a nada. Somos graduados sociales, nos enorgullece serlo, y no tenemos ninguna pretensión de ser abogados, pero sí de defender nuestro rango y derechos como operadores jurídicos” y recuerda que hasta ahora todas las batallas y recursos contra esta profesión de graduado social la han perdido siempre.
