La junta general ordinaria del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, celebrada en la tarde del miércoles, acordó reclamar a los representantes del Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía y partidos políticos con representación parlamentaria, que se complete el mapa de reformas laborales para favorecer la creación de empleo.
La reunión anual del máximo órgano del Colegio encomendó a la junta que preside José Blas Fernández Sánchez que ejerza toda su capacidad de influencia con el objetivo de dar respuesta “al principal problema de nuestra sociedad, la falta de empleo”. En este sentido, estos profesionales del mundo laboral demandan una simplificación de las tipologías de contratos existentes. “En una etapa parecida, durante el mandato socialista de Felipe González, en 1984, en la que España también crecía tras una crisis, fue muy efectiva la modalidad de contratación temporal del Decreto 1989/84, clave para generar dos millones de empleo en un tiempo relativamente corto”, explicó el presidente.
Esta medida, hoy derogada, sí fue realmente un incentivo a la creación de empleo. Miles de trabajadores, tras cumplir con el plazo de contratación temporal, pasaron automáticamente a ser indefinidos. “Para nosotros sigue siendo un ejemplo de simplificación y fomento del empleo, tanto para el empleado como para el empleador”, subrayó José Blas Fernández.
La junta anual también alertó sobre la situación del actual sistema público de pensiones y la necesidad de alcanzar un gran pacto entre todas las fuerzas políticas. “En España ya hay más de 16 millones de personas que perciben pensiones, compensaciones o subsidios, y el sistema debe contar con un plan a futuro elaborado por expertos”, aboga el presidente del Colegio.
Otras medidas que estos operadores jurídicos y profesionales del ámbito laboral reclaman se refieren a la reducción y simplificación de impuestos, igualando los tributos autonómicos; reducir la burocracia y tiempos de espera de las administraciones y reformas de más calado, como la del Consejo General del Poder Judicial, para que se convierta en un organismo de gobierno de los jueces, al margen del poder político.
En la junta general también fue unánime la queja por la ausencia de referencias a los colegios profesionales por parte de los partidos políticos durante la pasada campaña electoral, organizaciones que dan soporte y garantías a miles de profesionales autónomos y pequeños empresarios.
La junta general ordinaria aprobó su memoria de actividades 2015, la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio y las cuentas para el presente año 2016.
