La nueva ley contempla los nuevos derechos y obligaciones derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la digitalización de trámites y documentos
El Colegio Oficial de Graduados SocialesdeCádiz y Ceuta reunió en la tarde de ayer a unos 130 profesionales y operadores jurídicos de la provincia alrededor de una jornada de trabajo sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Esta normativa, en vigor desde primeros de mes, va a suponer un “un reto de adaptación al contemplar nuevos modelos en las relaciones entre el administrado, la administración y los órganos jurisdiccionales, como consecuencia de las nuevas tecnologías”, señaló el presidente de esta corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez, en la presentación de las ponencias.
En la jornada, celebrada en el edificio Heracles de la Zona Franca de Cádiz, el Colegio de Graduados Sociales contó con dos reconocidos expertos en el Derecho Administrativo: Pedro Luis Roas Martín, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, y Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Roas Martín incidió en su ponencia en las posibilidades que se abren en los procedimientos debido a los derechos derivados de la administración electrónica: obligaciones a informar sobre el sentido del silencio administrativo, digitalización de documentos o la simplificación y rapidez gracias al cruce de información y datos entre las distintasadministraciones, mediante el uso de registros compartidos.
En opinión de este magistrado del TSJA, la clave de la aplicación de la nueva ley está en la dotación de los medios necesarios, en especial en las administraciones máspequeñas, como los ayuntamientos, donde se dan situaciones anómalas de convivencia de sistemas digitales con documentos en papel. El objetivo, según el juez, es poder estar en un plazo de dos años -periodo de adaptación que señala la propia la Ley- a la altura de administraciones como Hacienda o la Seguridad Social.
El catedrático de la UPO Eduardo Gamero incidió en su ponencia en la importancia que van a tener los profesionales del derecho, como es el caso de los graduados sociales, en la correcta aplicación de los nuevos procedimientos, al ser la herramienta de intermediación entre los administrados y las administraciones. Hay un largo recorrido, señaló Gamero, para que España esté al nivel de los países más avanzados de Europa, pero sin contar con elpapel de todos los operadores jurídicos no será posible el desarrollo que prevé la nueva ley en el ámbito de las comunicaciones y trámites por medios digitales.
La jornada de ayer fue seguida con interés por los asistentes, entre los que se encontraban jueces, profesores de la UCA, abogados e inspectores de trabajo, acompañando a una amplia representación del Colegio de Graduados Sociales.
