“Hemos gestionado la crisis con profesionalidad y entrega, pero la paciencia tiene un límite”
El representante de los profesionales del Derecho Laboral y de la Seguridad Social denuncia el caos de las administraciones en una situación que requiere medidas extraordinarias
Con la entrada en vigor del Decreto del Gobierno de la nación por el que se activaba el Estado de Alarma, con el objetivo de controlar la curva de contagio del virus Covid-19, el colectivo de graduados sociales de la provincia de Cádiz se enfrentó, de la noche a la mañana, a una situación insólita: la paralización de la economía y el sistema productivo debido al obligado confinamiento de la población.
Superada ya la fase crítica de la pandemia en España, y con cifras que apuntan al control de la situación en Cádiz y Andalucía, con brotes bajo el control de las autoridades sanitarias, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, hace balance de los más de tres meses de ardua labor de este colectivo profesional y de operadores jurídicos, especializados en el ámbito social, laboral y de la Seguridad Social. Este experto en la gestión de los recursos humanos y relaciones laborales, es también presidente del Consejo Andaluz de la profesión, por lo que aporta una visión amplia sobre cómo se ha gestionado esta crisis, especialmente en lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, así como las necesidades y demandas que deben generar planes de acción concretos de las administraciones, tanto a nivel regulatorio, como de incremento y mejora de los recursos del sistema.
“Me siento orgulloso del trabajo bien hecho que los graduados sociales hemos llevado a cabo en los últimos meses. El colectivo ha demostrado su profesionalidad y capacidad. La falta de un manual de instrucciones y la necesidad de actuar con rapidez y eficacia obligó a hacer un esfuerzo permanente durante estos meses”, señala José Blas Fernández.
No solo había que gestionar todo lo relativo a los ERTEs y a las relaciones laborales de las empresas, obligadas a hibernar durante meses, “sino a atender personalmente la ansiedad y preocupación de empresarios y trabajadores ante una situación de enorme inestabilidad, descargando sobre nosotros todo el peso de las interpretaciones”, sostiene.
La puesta a disposición del Colegio, que representa a más de 700 profesionales, fue inmediata. Había que atender consultas administrativas laborales por parte de las empresas de distintos tamaños en la provincia de Cádiz, especialmente de los miles de pymes, micropymes y autónomos que componen nuestro tejido industrial.
“Nuestros despachos vimos caso por caso, llevando a cabo planes de contingencia para poder estudiar las casuísticas de cada empresa y cada situación concreta y fórmula jurídica: desde autónomos a las distintas formas societarias. En esta situación, inédita e histórica, establecimos una serie de canales informativos y de ayuda para nuestros colegiados, mediante consultas no presenciales. “Todos los despachos de mis compañeros en la provincia estuvieron operativos, llevando a cabo distintas acciones de información a sus empresas y trabajadores y participando activamente en esta labor de asesoramiento, absolutamente clave para la gestión de esta crisis y la supervivencia de empresas y puestos de trabajo”, incide José Blas Fernández.
Del mismo modo, y a nivel institucional, el presidente del Colegio, trabajando en equipo con su Junta de Gobierno, debía trabajar en paralelo ante las administraciones, demandando que se articularan medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis del Covid-19 en uno de los colectivos más vulnerables, el de las pymes y autónomos.
“Desde el primer momento defendimos que se debería haber realizado una moratoria completa de las obligaciones fiscales, de Seguridad Social y de tasas para las empresas, llevando también una cuarentena en lo relativo a pagos, que podían aplazarse hasta recobrar cierta normalidad de movimiento económico y productivo. No se podía exprimir más a las empresas, porque a la mayoría no les quedaba liquidez alguna”, indica.
“Esta situación se ha gestionado con profesionalidad y entrega, pero la paciencia tiene un límite, y si bien la gran mayoría lo estamos padeciendo en silencio, llega un momento en el que es necesario compartir con la sociedad las situaciones que venimos soportando de falta de seguridad jurídica, desinformación permanente, ausencia de comunicaciones con los organismos y, en definitiva, un caos”, denuncia el presidente de los graduados sociales.
“Las administraciones están colapsadas. No cogen ni los teléfonos. La pasividad con que están actuando, dejando en nuestras manos la interpretación permanente de unas normas improvisadas y confusas, las citas previas que tenemos que soportar, cuando la administración está obligada a atendernos, la situación en los juzgados, donde parece que nos están prestando algo, cuyo parón ha sido escandaloso”, denuncia el representante colegial.
“Y ni qué hablar del CMAC, que es un auténtico despropósito, o del SEPE, cuando existe alguna situación de incumplimiento y no concluyen los expedientes que tienen que estar ya tramitados. La culpa recae al final en nuestros despachos como si fuésemos los responsables de tantísima diarrea legislativa y tantísima norma improvisada. En muchos casos, además, trabajando sin percibir honorarios ante la falta de liquidez de nuestros clientes y encima las actuaciones Inspectoras que no paran de pedir documentación, cuando todavía hay miles de trabajadores sin cobrar los ERTEs, para querer justificar tantísima negligencia de cómo se ha legislado”, sostiene.
José Blas Fernández reitera que “son las administraciones las que están al servicio del administrado, no al revés. La falta de funcionarios impide la inmediatez y solo nos queda el correo electrónico, aunque las respuestas, cuando llegan, suelen ser contradictorias ante la cantidad de normativa existente y la escasa capacidad para la puesta al día”.
El presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta anuncia que “vamos a empezar a hacerle frente a las administraciones por todo lo que estamos padeciendo, si es necesario con las medidas legales que tengamos a nuestro alcance, para que se nos escuche en todo este entramado de aguas turbulentas. Dentro de los medios que nuestro estado de derecho nos faculta, llevaremos a cabo las correspondientes protestas para dejar constancia de la pésima actuación y confusión que las administraciones están teniendo con el administrado y con el justiciable y, en definitiva, con nosotros”.
“Somos profesionales, pagamos nuestros impuestos y nuestros despachos no son un frontón para usar por quienes escurren el bulto y todo termina en nosotros. La paciencia tiene un límite y las cotas a las que estamos llegando son ya intolerables”, anuncia.
“Quiero seguir dando ánimo a mis compañeros para trabajar como lo están haciendo y para que sepan que tienen detrás, incondicionalmente, a su Colegio, desde donde utilizaremos las herramientas legales para defender nuestra figura que lleva a gala la Justicia Social”.
